Algunas Ideas para Balancear la Igualdad
Francisco Bascuñán Letelier
Diciembre 2011
1.209 palabras
I DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
El Código del Trabajo en sus artículos 47 y siguientes establece que las empresas deben distribuir como gratificación a sus trabajadores el 30% de las utilidades devengadas en el período del balance. En el artículo 50 se establece que este sistema puede ser cambiado a elección de los empleadores siempre que se otorgue una gratificación mensual con tope de 4,75 ingresos mensuales independiente de las utilidades reales de la empresa.
Entendemos que el art. 47 tenía el espíritu de involucrar a los trabajadores en la gestión de la empresa y recompensarlos con una gratificación. Esta dinámica de interesarse por la excelencia y por la mejor distribución de las utilidades, se ve completamente contrariada por el art. 50 que transforma todo lo anterior en un impuesto más al trabajo.
Proponemos:
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Rebajar el porcentaje de las utilidades a repartir a una cifra más acorde con las posibilidades reales, digamos un 15 a 20%, y eliminar todo otro tipo de subterfugio que invalide el real reparto de las utilidades a sus trabajadores.
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El reparto debe ser proporcional a las horas trabajadas al año, igual para todos los trabajadores, cualquiera sea el tipo de trabajo, sin discriminar, ya que consideramos que todo tipo de trabajo es importante para una buena gestión de la empresa y que constituye la forma de redistribución más justa y solidaria de acuerdo a los esfuerzos individuales.
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Se deberán tomar adecuadas medidas para los casos de 'holdings', de modo de incluir a todos los trabajadores y todas las utilidades de cada una de las empresas integrantes.
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Los valores de las gratificaciones deben estar sujetos al impuesto del global complementario de cada trabajador.
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En sociedades anónimas abiertas queda al arbitrio de los trabajadores, el de recibir acciones de la empresa para cumplir el citado fin sobre utilidades que el directorio decida recapitalizar.
II CAPACITACIÓN
Formación de las Administradoras de Fondos de Capacitación
Proponemos:
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Subir el subsidio para capacitación que otorga el Estado de 1% a 5% de los sueldos de cada trabajador en toda circunstancia, en forma permanente, automática y mensualmente.
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Formación de las Administradoras de Fondos de Capacitación (AFC). Establecer un sistema, similar a las AFP, tal que estos fondos sean administrados y se capitalicen en cuentas individuales de cada trabajador.
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Este capital le pertenece a cada trabajador, por lo tanto, puede ser transferido, ya sea por herencia, donación o venta, a otro ciudadano con plena libertad por parte del trabajador. (Por ejemplo: un abuelo puede donar parte o todo su capital de capacitación para la educación de su nieto)
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Formación de una Superintendencia de Capacitación y un Registro de Acreditación de Instituciones que otorguen el servicio de capacitación.
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La única forma de retirar el dinero de las AFC (Administradoras de Fondos de Capacitación) es acreditando que se recibió una adecuada capacitación por medio de las instituciones acreditas, y de acuerdo a valores previamente aprobados por la Superintendencia de Capacitación.
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De esta forma se independiza a las empresas de la capacitación de sus trabajadores, dándole plena libertad y responsabilidad de esta importante tarea, a los propios trabajadores dueños de sus vocaciones y destinos.
III JUSTICIA
Ordenamiento en el pago de facturas a las PYMES
En la gestión ordinaria, muy especialmente de las grandes empresas, se juega con la capacidad de crédito de las empresas menores, como los subcontratistas y proveedores de recursos y servicios, cancelando las facturas en plazos superiores a los preestablecidos en los contratos o en las órdenes de compra. De esta forma, la empresa menor nos sólo debe financiar los recursos de su propio flujo, sino que además, debe cancelar el IVA sin haber recibido ingresos por ello.
Proponemos:
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La obligación de colocar en los presupuestos, contratos y/u órdenes de compra, la o las fechas de pago comprometida y sus montos.
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Fijar por el ley el interés por el atraso de estos pagos, el que debiera ser el máximo legal igual a los de las instituciones financieras.
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Hacer insalvable esta medida de modo de proteger a las empresas pequeñas por probables revanchas.
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Si la fecha de pago sobrepasa a la fecha de pago del IVA de esa determinada factura, la empresa mandante debe hacerse cargo del pago efectivo de ese IVA.
IV USURA
Restablecer el concepto de 'usura' para las Instituciones Financieras.
Proponemos:
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Fijar como Ética Nacional, un monto máximo para los intereses de los préstamos, como un porcentaje del 'spread'.
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De esta forma se incentiva el ahorro y se hace más difícil la usurpación del patrimonio empresarial a manos de las instituciones financieras. Especialmente se benefician las PYMES y los particulares, ambos sin capacidad de negociación.
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Las Instituciones Financieras debieran constituirse en administradoras de capitales y no en las empresas más lucrativas del sistema productivo. Este hecho distorsiona la producción. (El sentido común nos dice que no tiene lógica alguna, que un almacenero que ofrece libretas de fiado, se levante como uno de los hombres más ricos de Chile debido precisamente a ese 'negocio de fiado').
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Por ley debiera prohibirse a las Instituciones Financieras formar parte de las Cámaras Chilenas de producción, comercio o servicios, ni siquiera de la Confederación de la Producción y Comercio CPC. Debiera formar cámaras propias de instituciones financieras.
V MUNDO AGRÍCOLA
El Gobierno debiera preocuparse del mundo agrícola.
El producto que vende el agricultor en su campo vale un décimo del valor a que le llega al consumidor. En un día el producto sube diez veces el valor, siendo que el agricultor hubo de pasar mil dificultades en todo el proceso desde la siembra hasta la cosecha. A lo anterior debemos agregar la imposibilidad de cultivar el 100% de sus tierras debido a la falta de agua para riego. (El embalse Puclaro del río Elqui, Región de Coquimbo, está entregando el 32% del agua requerida por las tierras de cultivo bajo el sistema de riego tecnificado).
Actualmente, al menos la pequeña agricultura, no es negocio ni remotamente digno. No es de extrañar entonces que mucha tierra excelente para el cultivo, pase a formar parte de las parcelas de agrado, negocio inmobiliaria de infinita mayor rentabilidad que la agricultura. No hay que ser genio para saber el resultado a mediano plazo.
Proponemos:
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Debido a que fundamentalmente el problema pasa por una imposibilidad física de organizarse por parte de los agricultores, que trabajan de sol a sol en los cultivos, proponemos la formación y supervisión por parte del Estado, de un gran "centro de poder de compra y distribución" de los productos agrícolas. La economía social de mercado en la agricultura, en los agricultores pequeños propiamente tal, no sólo no tiene transparencia, no existe.
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Exigir, en un corto plazo, que todas las faenas mineras, muy especialmente la de las grandes empresas, hagan uso del "agua de mar" para sus procesos. A decir verdad, este punto se encuentra bastante avanzado en la gran minería.
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Desde un punto de vista geopolítico, tal vez el relacionado con la protección a la pequeña agricultura, es el de mayor trascendencia, ya que actualmente entra en juego un desmedido centralismo y crecimiento de las ciudades.
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