"El
estado ha sido capturado por el poder político, es
el botín de los vencedores, está para asegurar
el ejercicio del poder personal, para acceder a altos cargos
políticos. Se acabó la mística, impera
el desorden, caos y rencillas entre las dirigencias partidarias
que disputa el botín. Malversaciones y fraudes fiscales".
Escribe Javier Fuenzalida.
Once millones de personas tienen derecho a voto en Chile.
Solo ocho millones están inscritos y 6.5 millones
votaron. Los no inscritos, abstención, blancos y
nulos suman cinco millones, el 45 % no consume política.
Las encuestas revelan que el 91 % de los ciudadanos desconfían
de los partidos políticos y los colocan en el último
lugar entre las instituciones del país. Los votantes
de18 a 30 años eran el 36 % en 1988 ahora son solo
el 8 %. Lamentablemente, el debate sobre la institucionalidad
política evita sus verdaderos males.
Si la sociedad no consume pan añejo, aun a precio
cero, es porque le atribuyen un valor nulo y no lo compran.
Si el fracasado panadero acudiera al estado para imponer
el consumo obligatorio, hasta el más fanático
de los comunista protestaría por tamaño abuso
estatal que viola la autonomía de la voluntad. Si
el bien jurídico "voto político"
está añejo, no cabe a los políticos
coludirse para imponer coercitivamente su consumo.
¿Qué
es lo que los ciudadanos desean para maximizar el bienestar
político (la demanda) y cuales son la tecnología
políticas aceptables en una sociedad libre (la oferta)
equiparadas en un mercado competitivo? No es el actual en
que el estado ha sido capturado por el poder político,
es el botín de los vencedores, está para asegurar
el ejercicio del poder personal, para acceder a altos cargos
políticos. Se acabó la mística, impera
el desorden, caos y rencillas entre las dirigencias partidarias
que disputa el botín. Malversaciones y fraudes fiscales.
Las encuestas detectan que los servicios estatales encabezan
la lista de los problemas que más afecta a los ciudadanos.
El bien común pasó a ser tema para los intelectuales.
Si la política fuera tratada igual que la actividad
económica, los políticos ya habrían
sido denunciados por prácticas monopólicas.
Han creado fuertes barreras de entrada para bloquear a otros
conglomerados políticos desafiantes o a ciudadanos
que desean practicar el bien público. Las reelecciones
sucesiva y la ley electoral son la principal barrera a nuevos
actores y que hacen posible que la fauna política
se sucede "a dedo". Parientes y amigos son herederos
y a sus hijos se les prepara con becas estatales en el exterior
(selección adversa). Los cargos públicos se
cuidan como estacionamientos reservados. Las embajadas son
premios para los perdedores electorales o para los sorprendidos
en malas prácticas.
Todo ello requiere capital. Los monopolistas políticos
han capturado legalmente las donaciones con beneficios tributarias,
en perjuicio de la cultura, educación y asistencia
social y han confiscado los impuestos extraídos de
los contribuyentes para financiarse porque son incapaces
de vender su producto. Los candidatos sorprendidos en fraude
fiscales no son condenados, sólo los gomas de las
campañas. ¿No es acaso el candidato el representante
legal de su candidatura?
Hay una odiosa asimetría entre la severidad con que
se fiscaliza al sector privado y la permisividad con que
se tolera a los altos funcionarios públicos. La palabra
y escritos de los burócratas son, arbitrariamente,
plena prueba en los procesos judiciales. Los ciudadanos
han perdido el sentido de pertenencia lo que explica que
una proporción creciente no consume pan añejo,
aun a sabiendas de que es un acto ilegal.
¿Cuál
es el Tribunal de la Libre Competencia que conoce los delitos
de la competencia política? ¿Cuál es
la ley de competencia desleal en política? ¿Cuál
es la ley de los derechos del consumidor político?
No existen. ?????
Javier Fuenzalida Asmussen
Economista UC
Universidad Finis Terrae
www.temas.cl - Columnistas
- 06-11-2008