Eric Villena Donoso
Julio 2007.

La situación que se ha producido con el distinguido General de la República don Eduardo Iturriaga Neumann, hace ineludible que mi columna aborde este tema de manera directa y clara sobretodo en lo referido a la responsabilidad que tiene la Justicia chilena en este libreto, responsabilidad a la que no es ajena el Gobierno ni el Poder Legislativo.

Majaderamente escuchamos la muletilla: "Hay que dejar que actúen los Tribunales". Dejar el tema de los DD.HH. que afecta a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, reduciendo el problema al actuar de la Justicia Penal, para que solamente actúen los tribunales, es contrario a la realidad histórica y a la indispensable conformación de una voluntad nacional en un tema crucial para el país. Estos delitos son de otra clase, distintos a los comunes, cometidos por militares en situación de crisis del ordenamiento jurídico, de un país intervenido por las Instituciones de la Defensa.

¿Cómo se puede condenar a quien no se le podía exigir una conducta diferente dentro de un entorno acotado, sin libre opción, en un sistema jerárquico piramidal y disciplinado enmarcado en situaciones definidas por los mandos y por el gobierno como de "guerra interna", con la doctrina, procedimientos y criterios militares de la época, divulgados en la reglamentación vigente y en una política de Seguridad Nacional, inmersos en el más trascendente "orden marco" del gobierno militar y en la que tuvieron la orden de actuar?

La obediencia y acatamiento de órdenes, ¿permitía a atreverse a pensar y opinar distinto de los poderes omnímodos en que se enmarca su disciplina?

En gran parte de los cientos de procesos que actualmente se ventilan en los Tribunales, la mayoría de los inculpados son sólo eslabones que no podían impedir ni modificar lo que se les ordenaba, un instrumento en manos de superiores cuyas voluntades tuvieron la obligación de obedecer.

¡En las Fuerzas Armadas y de Orden se reciben órdenes, no sugerencias!

Nadie se remonta a la época de los hechos que nos ocupan, ni se imaginan las consecuencias que podría arrastrar el decir "no estoy de acuerdo" o haber desobedecido una orden superior, o haber tenido una actitud distinta a la que debían tener. ¿Será imaginable y se podría ahora predecir sus consecuencias?

¡Fueron fungibles y desechables!

A pesar de esa amarga experiencia que el tiempo no resuelve, en informativos de la televisión he podido percibir que el juramento a la bandera no ha sido modificado y siguen diciendo: "...obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores..."

La verdad mediática, la verdad histórica y la verdad procesal, son conceptualmente diferentes, con percepciones transferidas en el tiempo por los medios de comunicación social, acciones de un pasado del que ya nos separan treinta y cuatro años, con presiones humanas, condiciones culturales históricas distintas, traiciones de la memoria, situaciones desdibujadas en sistemas operativos donde intervenían varias personas, muchos ya fallecidos, (solamente en el Ejército ya hay más de sesenta Generales difuntos que tuvieron directa participación en el Gobierno de las Fuerzas Armadas) con información e ingerencias desiguales. ¿Cómo entonces querer preservar la visión puramente jurídica y donde definitivamente ni siquiera se considera el contexto social e histórico heredero de la crisis que los precipitó?

Hoy se dice: "que la justicia resuelva"; como si ello trajera sorprendentes innovaciones. No es así.

¿Qué pueden esperar los militares de la Justicia cuando los mismos Ministros les han dicho que no pueden hacer nada que pueda favorecerlos ya que ello les afectaría en su Carrera Judicial y en sus legítimas aspiraciones profesionales?

¿Acaso el Ministro que falla a favor de algún militar tiene alguna posibilidad de ser elegido por el Ejecutivo de alguna quina o terna que le permita ascender en el Poder Judicial?

¿Pueden en consecuencia los militares esperar Igualdad ante la Ley?

¿Se pueden hacer ilusiones de tener un Juicio justo?

¿Alguien lo ha tenido?

¡Por la vía jurídica no existe la más mínima posibilidad, están en absoluta desventaja!!!

Quizás uno de los pocos avances que han tenido, pero que en los hechos prácticos la Justicia no le dio importancia alguna, fue el documento "El fin de una visión", en el que por primera vez el Ejército afirma que las responsabilidades no fueron individuales, sino Institucionales. No sirvió como eximente, ni siquiera como atenuante ya que no se conoce ningún juicio en que la Justicia lo haya acogido.

Las Fuerzas Armadas y de Orden han hecho gestos reiterados a los Gobiernos de la Concertación sin haber tenido ninguna reciprocidad y hoy están conscientes que ese camino no les ha dado beneficio alguno. Creo que muy pronto se verán en la necesidad de enronquecer la voz en sus legítimas demandas.

Con lo sucedido con el General Iturriaga aparecen voces odiosas de la izquierda enfatizando que "la Justicia debe respetarse, acatarse sus fallos, nadie está por sobre la Ley, Nó a una Ley de Punto Final, Nó a la prescripción, Nó a la amnistía".

Sin embargo nadie le dice a la izquierda que hay 48 terroristas prófugos de la Cárcel Pública, más dos fugados desde la Cárcel de Valparaíso y cuatro desde la Cárcel de Alta Seguridad que lo hicieron en helicóptero. ¿No hay para ellos órdenes de captura? ¿Están encargados a INTERPOL?

¡Es curioso, pero en más de 18 años no han aprehendido a ninguno!

Debe ser porque a través de beneficios de estos gobiernos concertacionistas, hay 283 terroristas más que recuperaron su libertad, por la vía de recursos y leyes especiales, hechas a la medida y a sobrepedido y con un efectivo interlocutor de la Iglesia, el sacerdote Alfonso Baeza.

A mi juicio Amnistía, prescripciones, Ley de Punto Final, son letra muerta, soluciones inviables en el actual escenario político y definitivamente impracticables como decisión de un gobierno socialista, pero, a lo mejor, se podría tener mejor suerte si con voluntad política se legislara en una homologación de beneficios como los que ya han cursado a los terroristas, auto denominados "presos políticos" y enmarcados en un principio Constitucional que no se ha respetado: EL Principio de Igualdad ante la Ley. Esta es una pertinente y urgente tarea para el Ejecutivo, para el Congreso, para la Iglesia, para los Comandantes en Jefe, e incluso para la prensa.

La solución pasa por la Presidenta Bachelet, por el Parlamento en una menor escala y por una interlocución humanitaria de la Iglesia intercediendo primeramente por muchos militares ya condenados que llevan años de privación de libertad, que tienen la legítima esperanza de que se ponga fin a tanta persecución política disfrazada de jurídica y de poder regresar definitivamente a sus hogares.

Se requiere un juicio justo de la Historia y que los militares sean devueltos a una vida que les considere un retiro digno en el sosiego y tranquilidad familiar. No puede ser justo que personas implicadas en ilícitos cuando recién cumplieron su mayoría de edad, estén recibiendo condenas cuando están en la tercera edad. (El promedio de edad de la poblacional penal en Chile es de 28 años y el de los militares condenados actualmente, es de 64 años).

Hoy es imperioso el reencuentro de los chilenos, y se debe actuar por sobre los deseos de venganza que sostienen grupos minoritarios y que comercializan con el problema de los DD.HH., que en todo caso no se verán afectadas en las millonarias indemnizaciones con que la Justicia los hace ricos junto a un reducido grupo de abogados que recogen a lo menos un 30% de cifras verdaderamente increíbles en cada juicio.

A modo de ejemplo recordemos que el criterio jurídico aplicado a la fecha por nuestros Jueces, deja de manifiesto la existencia de chilenos de 1ª, 2ª, y 3ª, clase. Orlando Letelier, era de Primera Clase recibiendo del Estado US$ cuatro millones de dólares de indemnización. Tucapel Jiménez sería de Segunda Clase con US$ tres millones de dólares. Carmelo Soria sería de Tercera Clase con US$ dos millones de dólares. Después ya viene el resto.

En el caso de la Operación Albania están negociando alrededor de US$ un millón de dólares por terrorista y como son doce, estamos hablando de seis mil millones de pesos, o sea, más o menos dos mil millones para el abogado de DD.HH. que lleva ese caso. No se nos olvide que estos pagos que saldrán de las arcas fiscales es por cada caído en la llamada Operación Albania, terroristas que integraban la cúpula del Frente Manuel Rodríguez, en su mayoría preparados militarmente en Cuba y otros países de la órbita soviética, ingresados a Chile clandestinamente con nombres y pasaportes falsos, personas que venían con específicas misiones de enfrentarse al gobierno chileno establecido y de hecho fueron los que actuaron en una emboscada contra el primer ciudadano de la República, asesinando a mansalva a cinco de sus escoltas y dejando a doce de ellos lisiados.

Amigo lector, le hago una pregunta: ¿Sabe UD. de alguna indemnización recibida por la viuda o los hijos de algún militar o carabinero asesinado por los terroristas del MIR, del FMR o del MAPU-Lautaro?

¡La respuesta es ninguna!

Tengo la plena convicción que el contexto de crisis interna que les tocó vivir a las instituciones de la Defensa, me permite aseverar que "quien salva a su Patria no viola Ley alguna".