El
miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara
de Diputados fue citado a las 12 horas para "analizar
la situación política y legal que afecta al
país". Al iniciarse la sesión, los Comités
de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC)
y del Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de Acuerdo
que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El
primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien,
en su discurso de presentación del proyecto de Acuerdo,
afirmó que "el país está sufriendo
actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra
historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tantos años
de vida independiente... Hasta este momento la crisis no
se resuelve; al contrario, se agudiza día a día.
Por eso, nosotros, hoy día, en esta Corporación
y ante la faz de Chile, queremos decir que ha llegado la
hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más
nuestra verdad responsablemente ante el país y ante
la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando
la grave situación porque atraviesa Chile y tiene
que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación
de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones
del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones
del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades
de la Contraloría General de la República,
por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos,
a los medios de comunicación de los chilenos y hasta,
en algunos casos, a la libertad de las personas... En ese
cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de
parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se
desmorona, no caben pequeñas maniobras de política
superestructural. Aquí hay que resolver los problemas
de fondo" (Claudio Orrego V., Para una paz estable
entre los chilenos, edición privada del autor, 1974).
El
diputado Orrego afirmó también que el Presidente
Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías
Democráticas que había hecho posible su elección.
Este listado de derechos individuales había sido
incorporado a la Constitución en 1970 como condición
para que la Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos
como presidente, pues el candidato socialista sólo
había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo
tanto, el Congreso podía elegir a la primera magistratura
a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas.
Más tarde, Allende reconocería que él
firmó este Estatuto sólo como una maniobra
"táctica" (Regis Debray, The Chilean Revolution:
Conversations with Allende, 1971).
Tras
intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra
el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce,
quien afirmó que el Acuerdo demostraba que "el
Poder Ejecutivo había dejado de encuadrarse en la
Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la
ilegitimidad del mandato y ejercicio del Presidente de la
República".
Después
de otros dos diputados nacionales, intervino el diputado
Luis Maira de la coalición de partidos de gobierno
llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones
que hacía el proyecto de Acuerdo e intentó
justificar la conducta del gobierno sosteniendo "que
el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho
y su justa correlación con las transformaciones económicas
indispensables".
La
sesión de la mañana finalizó con un
fogoso discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente
de la juventud del PN. En los alrededores del edificio del
Congreso habían ocurrido el día anterior graves
incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados,
se había visto obligado a hacer uso de un arma de
fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso
con armas automáticas. La policía no había
actuado en defensa de los jóvenes de su partido.
Exasperado por este incidente, increpó a los diputados
comunistas: "Por eso ustedes, bandas de traidores,
bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos
hipócritas, están descalificados para hablar
de la guerra civil". Ese era el clima que se vivía
en Chile ese día de agosto.
A
las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate.
En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan graves ameritan
desconocer la hora del almuerzo.
La
sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto
de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una
sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó
en sesión secreta a instancias de Jorge Insunza y
el público en las tribunas tuvo que abandonar el
recinto. En ella, el diputado comunista pronunció
un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba el
proyecto de Acuerdo, fuerzas extranjeras invadirían
de inmediato el país.
Reanudada
la sesión pública, se procedió de inmediato
a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la
Cámara de Diputados levantó la voz y declaró
aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación.
A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
Al
día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló
así a todo lo ancho de la página: "Declaró
Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA
QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN".
El
texto del Acuerdo fue publicado íntegramente ese
día por El Mercurio. El Acta oficial de la sesión,
que fue presidida por el diputado del PDC Luis Pareto y
el del PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de
la Cámara respectivamente, fue publicada el 25 de
agosto en el diario gubernamental La Nación.
El
Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados
(63.3%), acusaba al gobierno del Presidente Allende de veinte
violaciones concretas a la Constitución y las leyes,
entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar,
detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular
la educación, limitar la posibilidad de salir del
país, confiscar la propiedad privada, formar organismos
sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial,
el Congreso y la Contraloría, y todo ello de manera
sistemática y con el fin de instaurar en Chile "un
sistema totalitario", es decir, una dictadura comunista.
Fue
un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara
haya sido aprobado por todos los diputados del PDC, el partido
mayoritario cuyo líder indiscutido era el Presidente
del Senado y ex Presidente de la República Eduardo
Frei Montalva, pues sólo tres años antes,
el 24 de octubre de 1970, ese mismo partido había
contribuido con todos sus votos a elegir Presidente a Salvador
Allende en el Congreso Pleno.
Para
John Locke, el gran pensador político inglés,
la tiranía es "el ejercicio del poder más
allá de la ley". Cuando surge ese tirano, es
él quien ha colocado al país en estado de
guerra al traspasar los límites de su poder, es decir,
se ha "rebelado" ("re-bellare", proviene
del latín "bellum" que significa guerra).
La
esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces
es la acusación que se le hace al Presidente Allende
de que, pese a que fue elegido democráticamente,
se había rebelado contra la Constitución y,
por lo tanto, convertido en un "tirano".
Veinte violaciones y un llamado desesperado
El
Acuerdo de la Cámara de Diputados constituye un verdadero
"Acuerdo contra la Tiranía". Tiene 15 artículos
y se puede descomponer conceptualmente de la siguiente manera:
a)
Un preámbulo contenido en los artículos
1 a 4, que enuncia las conocidas condiciones esenciales
que deben darse para que exista un Estado de Derecho.
Contiene una advertencia cargada de significado ("un
gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha
otorgado incurre en sedición"), y recuerda
que el Presidente Allende no fue elegido por una mayoría
del voto popular sino por el Congreso Pleno, "previo
acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas
incorporado a la Constitución Política".
b)
Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución
y las leyes: una acusación genérica contenida
en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones
concretas a determinados derechos humanos que están
enumeradas dentro del artículo 10, siete sobre
violaciones a la separación de poderes en los artículos
7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter
sedicioso en los artículos 11 y 12. Este listado
tiene una estructura similar a la cadena de acusaciones
contra el rey Jorge III que hace la Declaración
de Independencia de Estados Unidos para justificar ante
el mundo esa ruptura.
c)
Una precisión sobre el rol de los ministros militares
que el Presidente Allende había incluido en carteras
claves de su gabinete (Art. 13 y 14). Hay que aclarar
que el mismo Presidente Allende había abierto las
puertas de la política a los militares al designar,
un año antes, a varios generales y almirantes en
ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó
en el cargo político de mayor gravitación
y controversia, el Ministerio del Interior, al Comandante
en Jefe del Ejército, general Carlos Prats. En
agosto de 1973, un almirante era Ministro de Hacienda,
el cargo clave en la conducción económica
del país.
d)
Un llamado al Presidente de la República y a los
ministros miembros de las Fuerzas Armadas (Art.15) a poner
"inmediato término" a estas graves violaciones
a la Constitución.
El
23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó
en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido
al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la
noche anterior.
El
jueves 24, el Presidente Allende daba a conocer una carta
pública dirigida al país. En ella sostenía:
"En el día de anteayer, los diputados de oposición
han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros
a que adopten una posición deliberante frente al
Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que
lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad
y dirección política del Presidente de la
República es promover el golpe de Estado".
Allende
acusó a la mayoría de los diputados de querer
removerlo del cargo sin una acusación constitucional
formal, en lo cual tenía razón. Por eso la
Cámara realiza un "llamado" a la intervención
de los ministros militares, y obviamente a través
de ellos a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente
jurídico para remover al Presidente era imposible.
En
efecto, la remoción del Presidente, conforme al artículo
42 de la Constitución promulgada en 1925, exigía
para ello dos tercios de los senadores en ejercicio. Como
el Senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible
que un Presidente, por impopular que fuera, perdiera de
tal manera las elecciones parlamentarias durante su período
como para quedar sin el apoyo de al menos un tercio de los
senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende
ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias
de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara
de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado.
En síntesis, la Constitución de 1925 permitía
que un gobierno la violara, incluso "sistemáticamente"
como sostuvieron una amplia mayoría de los diputados,
mientras ese gobierno mantuviera a su lado a un tercio de
los senadores.
Es
reveladora la confusión sobre lo que significa el
Estado de Derecho que trasunta la respuesta de Allende,
ya que declara que insistirá en su camino ilegal
pues "tras la expresión 'Estado de Derecho'
se esconde una situación que presupone una injusticia
económica y social entre chilenos que nuestro pueblo
ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho
sólo se realiza plenamente en la medida que se superen
las desigualdades de una sociedad capitalista".
Esta
declaración es consistente con aquella que había
hecho su Ministro de Justicia el 1 de julio de 1972: "La
revolución se mantendrá dentro del derecho
mientras el derecho no pretenda frenar la revolución".
El
origen del texto del Acuerdo ha sido explicado por Claudio
Orrego, de esta manera: "El Presidente de la Democracia
Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó
la tarea de preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó
que hablara con el senador Juan Hamilton... quien me informó
que los parlamentarios del Partido Nacional tenían
un borrador de declaración que podía ahorrarnos
mucho trabajo. Tomé contacto, entonces, con el senador
Sergio Diez y con el diputado Mario Arnello, quienes me
facilitaron una copia de su trabajo. Después de analizar
dicho documento, me pareció que contenía mucho
material y que estaba muy bien hecho... Una vez terminado
el trabajo -del cual guardo el original- transmití
al senador Aylwin éste para que lo aprobara la Directiva
del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las
conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente
aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de
agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo
con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo...
Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara
de Diputados. La historia juzgará de su importancia
y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo
de 1980).
Según
Hermógenes Pérez de Arce, el primer borrador
del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar
y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes, y
que él mismo participó en una reunión
para este efecto. Ello es coherente con la versión
de Orrego, quien señala que la redacción final
del texto se basó en un "muy bien hecho"
trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica
entonces que se trata del mismo texto, el cual fue siendo
enriquecido por distintas personas del PN y el PDC en la
búsqueda de una redacción que satisficiera
a todos y así asegurara la votación unánime
de los diputados de ambos partidos.
La opción por la violencia política
¿Cómo
se explica que un Presidente que llegó al poder a
través de una elección democrática
ejercite después su poder en contra de la misma Constitución
y las mismas leyes que le permitieron alcanzar el más
alto cargo político de la República? ¿Por
qué un gobierno elegido democráticamente consideró
necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?
La
respuesta está en que una revolución comunista-socialista,
que busca establecer lo que su misma doctrina ha denominado
"la dictadura del proletariado", por definición
no se puede hacer dentro de la Constitución y de
la ley de una república democrática.
Una
cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente
democrático de un país obteniendo el 36,2%
de la votación, contando con la aceptación
de un Congreso cuando a éste le corresponde la elección
final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder
necesaria para abolir la democracia y establecer un sistema
totalitario. Para ello se requería una mayoría
abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas
de la Carta Fundamental. Ello no ha ocurrido en la historia
de la humanidad, pues todos esos regímenes han alcanzado
el poder total a través de la violencia.
Es
un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más
impaciente que otras al interior de uno de los partidos
de izquierda marxista, o a una reunión sediciosa
de diputados con marineros en un barco de la Armada, o incluso
a un discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección
de las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron,
pueden ser detonantes, pero la causa profunda fue una ideología
y una praxis, tan sistemática como implacable, que
concebía a la violencia como "la partera de
la historia".
Son
claves para comprender el origen de la ruptura democrática
los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile
adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965
y 1967.
Ya
en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido Socialista
de Chile, que se definía como marxista-leninista,
había sostenido lo siguiente: "Nuestra estrategia
descarta de hecho la vía electoral como método
para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder... El partido
tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los
métodos y los medios que la lucha revolucionaria
haga necesarios".
Pero
fue en su Congreso de Chillán cuando la postura sediciosa
alcanzó su máxima expresión. Este tuvo
lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron
115 delegados, y hubo además "delegados fraternales"
de los gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental,
Rumania y Yugoslavia, del partido Baath socialista de Siria
y del partido socialista de Uruguay.
La
resolución adoptada afirmaba que "la violencia
revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye
la única vía que conduce a la toma del poder
político y económico, y su ulterior defensa
y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar
del Estado burgués puede consolidarse la revolución
socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha
no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista
las considera como instrumentos limitados de acción
incorporados al proceso político que nos lleva a
la lucha armada. La política del frente de trabajadores
se prolonga y se encuentra contenida en la política
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad
(OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental
y armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano"
(Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista
de Chile, 1997).
El
ideólogo del Partido Socialista, y futuro Ministro
de Relaciones Exteriores del Presidente Allende, Clodomiro
Almeyda, especuló sobre la forma en que terminaría
este proceso: "La forma fundamental que en un país
como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política,
cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del
día el problema del poder, es impredecible en términos
absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable
que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a
la manera española, con intervención extranjera,
pero de curso más rápido y agudo" (Revista
Punto Final, 22 de noviembre de 1967).
Cabe
destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor
tamaño del país, que sería el principal
partido en la coalición, la Unidad Popular, que gobernó
Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más
destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista
de Chile, era el mayor y mejor organizado de todos los Partidos
Comunistas de América Latina, y el tercero en tamaño,
después de aquellos de Francia e Italia, de todo
el mundo occidental.
Por
cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra
Fría, en la cual el gobierno de la Unidad Popular
se había aliado con la Unión Soviética
en contra de Estados Unidos y la Europa democrática.
Posiblemente
sin haber leído jamás a George Orwell, Allende
llamó a la superpotencia comunista el "hermano
mayor" de Chile, en un discurso en el propio Kremlin
el 7 de diciembre de 1972, en el cual agregó, tras
reunirse con los máximos jerarcas soviéticos
Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin y Nikolai Podgorny, que
había alcanzado una "completa identidad de puntos
de vista" con los dirigentes comunistas.
Esta
adhesión a los regímenes comunistas venía
de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que se le hizo
a Stalin en Santiago una semana después de su muerte
en marzo de 1953, uno de los oradores principales fue el
socialista Salvador Allende.
Es
ilustrativo recordar también el increíble
homenaje a Stalin del importante dirigente comunista chileno
Volodia Teitelboim: "Hoy ya duerme su gloria eterna
en la cámara ardiente de la Sala de las Columnas
de Moscú el camarada José Stalin. Hace apenas
un día y algunas horas que murió el amado
conductor de los trabajadores del mundo, el más grande,
profundo y noble amigo de la humanidad... Ha muerto el padre
y el jefe de toda la humanidad progresista. Ha muerto, como
Mayakovsky decía de Lenin, el más humano de
todos los hombres... Dio abundancia y existencia dichosa
a su pueblo… Bajo la bandera de luto, pero siempre
desplegada de Stalin, los pueblos marchan por el camino
más corto hacia la segura victoria, hacia el mundo
de la felicidad humana" (El Siglo, marzo de 1953).
En
la década del 60, Allende aceptó servir como
presidente de la Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar
la revolución comunista al continente, la que había
afirmado públicamente que "la revolución
armada es la única solución para los males
sociales y económicos de Latinoamérica".
Claudio
Véliz, historiador y amigo personal de Allende, sostiene
que los viajes de Allende a Cuba tuvieron "una incidencia
fundamental en el proyecto que pretendía aplicar
en Chile. Tras ver Cuba, Allende pensó que podía
acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó
de la tradición chilena... No cabe ninguna duda que
el gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos
llevó a la guerra civil" (El Mercurio, 28 de
noviembre, 1999).
Allende,
siendo presidente del Senado, expresó en varias ocasiones
su apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
grupo que inició la violencia guerrillera en Chile.
Por cierto, la violencia había sido idealizada por
los líderes de izquierda de Chile y el continente
por un largo tiempo.
En
último término, los dirigentes marxistas chilenos
no supieron resistir el embrujo de la Revolución
comunista cubana. El tirano del Caribe, Fidel Castro, se
transformó en el modelo y fueron intoxicados, como
si fueran adolescentes, por la retórica y la acción
revolucionaria del Che Guevara, quien llamaba a crear "múltiples
Vietnam" en América Latina.
Una
distinción fundamental que no se hizo fue aquella
entre el noble objetivo de querer cambiar el mundo para
mejor y buscar hacerlo utilizando la violencia. En nuestro
país había al comenzar la década del
70 demasiada pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias
de distinta naturaleza, como para que muchas personas idealistas,
especialmente jóvenes, no se declararan en estado
de rebeldía y buscaran, aunque con más pasión
que rigor, un camino para crear un mundo mejor. Basta leer
el "Balance Patriótico" de Vicente Huidobro,
publicado en 1925, para comprobar que no mucho había
cambiado en cincuenta años.
Lo
que es aberrante es que tantos dirigentes comunistas y socialistas
chilenos, de quienes era esperable un mínimo de madurez
y responsabilidad política, impulsaran, inicialmente
con su retórica incendiaria, y más tarde con
sus actos de gobierno, a decenas de miles de jóvenes
al abismo -y a las consecuencias-- de la violencia política.
En
este contexto, es estremecedora la honesta confesión
de un ex guerrillero argentino: "Hoy puedo afirmar
que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber
sido así, teniendo en cuenta nuestra formación
y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado
el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras
consignas era hacer de la cordillera de Los Andes la Sierra
Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos
fusilado a los militares, después a los opositores,
y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro
autoritarismo" (Jorge Masetti, El Furor y el Delirio,
1999).
Al borde de la guerra civil
La
respuesta del Presidente Allende a la Cámara no fue
la única en la que demostró su desprecio por
el Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había
reprochado la vulneración de las atribuciones propias
de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa
epistolar entre ellos. Por supuesto, la Unidad Popular incluso
había desarrollado la insólita teoría
jurídica de los "resquicios legales", con
los cuales no sólo se había avanzado en la
intervención estatal de múltiples empresas
privadas de todos los tamaños, sino que se estaba
erosionando de manera fatal la necesaria confianza pública
en las instituciones fundamentales de la República.
Así,
el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del
gobierno a cumplir con una decisión judicial, la
Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así
al Presidente de la República: "Esta Corte Suprema
se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima
vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa
en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así
como de poner obstáculos a la policía uniformada
en la ejecución de órdenes de los tribunales
del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes,
deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin
obstáculos de ninguna índole; todo lo cual
implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos
judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones
que tales actitudes u omisiones producen en el orden legal;
como se representó a Su Excelencia en un despacho
anterior, actitudes que implican además no sólo
una crisis en el estado de derecho, sino también
el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la
Nación".
Allende,
en un discurso público a los pocos días, respondió
con una afirmación que en cualquier país de
larga tradición democrática le habría
costado la inmediata destitución de su cargo:"En
un período de revolución, el poder político
tiene derecho a decidir en el último recurso si las
decisiones judiciales se corresponden o no con las altas
metas y necesidades históricas de transformación
de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia
sobre cualquier otra consideración; en consecuencia,
el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo
o no los fallos de la Justicia".
Cabe
destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la
Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema adoptó
otra resolución denunciando nuevamente los intentos
del gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial.
A
mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del
poder por parte del Presidente Allende y sus ministros había
conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto
constitucional entre el Presidente de la República
y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo
choque entre este Presidente y el Poder Judicial.
A
estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente
crisis económica -inflación anualizada sobre
300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo
en aumento, desconfianza-producía miseria y angustias
generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos conflictos
institucionales, ese no era el argumento válido para
remover al gobierno.
Como
el país había llegado a ser "un campo
armado", lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas
Armadas, había que ser ciego para desconocer que,
durante el invierno de 1973, Chile había caído
en un estado de guerra civil (Dos libros importantes y complementarios
que comprueban esta realidad son aquellos de Paul Sigmund,
The Overthrow of Allende, y de James Wheelan, Desde las
Cenizas).
Oscar
Waiss, quien fue director del diario oficial del gobierno
e íntimo amigo de Allende, al plantear algunos escenarios
posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos
dirigentes de la Unidad Popular: "Había llegado
el momento de echar el fetichismo legalista por la borda;
el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores;
de destituir al Contralor General de la República;
de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial;
de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística
contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar el primer golpe,
pues el que pega primero pega dos veces" (Revista "Política
Internacional" Nº 600, Belgrado, abril de 1975).
Pese
a su clara responsabilidad en la introducción de
la violencia política en Chile, parece altamente
improbable que el Presidente Allende hubiese estado dispuesto
a actuar con la inmoralidad extrema de los dirigentes bolcheviques
que realizaron la sangrienta Revolución de Octubre
en Rusia.
Pero,
gracias a Dios, nunca podrá contestarse la pregunta:
¿Quién, dentro de la Unidad Popular, habría
sido el Lenin chileno?
Frei inclina la balanza
Salvador
Allende llegó a la presidencia tras el fracaso de
los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo
Frei Montalva (1964-1970).
Ambos
gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia
de desarrollo, la cual generaba un crecimiento económico
tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria
y crear un horizonte de prosperidad para todos los chilenos,
y ambos abrieron el camino para la violación del
derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad
libre. Esta relación indisoluble, conceptual e histórica,
entre propiedad y libertad la acaba de demostrar Richard
Pipes en su libro Property and Freedom (1999).
Oscar
Godoy, Director del Instituto de Ciencia Política
de la Universidad Católica, sostiene que "la
responsabilidad de los partidos de derecha en el ascenso
de la Unidad Popular al gobierno fue que no supieron defender
oportunamente y con vigor las instituciones del Estado liberal.
Por ejemplo, la defensa que se hizo del derecho de propiedad
fue mínima, porque se fue cediendo sistemáticamente.
Cuando la derecha tiene la posibilidad de recuperarse, con
Jorge Alessandri, se manifiesta impotente frente a la novedad
de la Democracia Cristiana y del socialismo y extrema su
debilidad. Es lamentable la escasez de hombres públicos
en la derecha dispuestos a defender sus planteamientos con
el mismo vigor con que los socialistas defendían
los suyos. La campaña de Jorge Alessandri hace concesiones
múltiples para ocultar la verdadera naturaleza del
proyecto liberal. En ese tiempo existía temor a expresar
las palabras mercado, competencia, individualismo, etc.
Entonces hace una claudicación que la hace muy débil"
(La Epoca, 4 de septiembre de 1995).
El
debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó,
en efecto, con la reforma constitucional propiciada por
el gobierno del Presidente Alessandri con el fin de iniciar
la Reforma Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas,
las advertencias del ex presidente de la Sociedad Nacional
de Agricultura, Recaredo Ossa: "La ruptura de estas
garantías constitucionales respecto de la agricultura
es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema
democrático. Lo que hoy se hace contra esta rama
de la producción no tiene por qué no hacerse
mañana contra la propiedad urbana, la minería
grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los
bienes particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional
es la experiencia piloto en materia de abolición
del derecho de propiedad. Introducida esta cuña,
que algunos miran tan desaprensivamente, el hueco se convertirá
en inmensa grieta por donde desaparecerá la propiedad
entera" (Esta intervención radial fue reproducida
por El Mercurio el 6 de enero de 1962).
El
gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo
además en dos otros graves errores de políticas
públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento
de la violencia política, y fue especialmente grave
que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia
y el estado de derecho cuando el Partido Socialista se declaró
partidario de la vía armada en su Congreso de Chillán
en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del gobierno Frei multiplicó
varias veces la violación del derecho de propiedad
al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin
una justa compensación. Además, su gobierno
permitió la proliferación de las "tomas"
de propiedades ajenas por grupos de agitadores. Al gobierno
de Frei le "tomaron" todo: universidades, municipalidades,
centenares de predios agrícolas, sitios eriazos,
carreteras, industrias, un cuartel militar, y hasta la Catedral
de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que
los partidos de izquierda sintieran factible "tomarse"
el poder total.
Fracasados
los gobiernos de "derecha" y "centro"
de Alessandri y Frei, y no existiendo, como hemos visto,
una "izquierda" democrática, la conclusión
era predecible. En agosto de 1965, el mismo Frei había
dicho "Si mi gobierno falla, tendremos un gobierno
de la extrema izquierda" (Leonard Gross, The Last,
Best Hope, 1967).
Lo
que resultó tan impredecible como extraordinario,
fue que una figura política tan temerosa de aparecer
como "anticomunista", como Eduardo Frei Montalva,
decidiera ante la encrucijada en que lo colocó la
Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en
una dictadura marxista.
Frei
vivía bajo el peso de la durísima acusación
que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le entregaba
el gobierno a Allende, pasaría a la Historia como
el "Kerensky chileno". Sin embargo, decide permanecer
en Chile durante este período, en circunstancias
de que su ex ministro del Interior y heredero político,
Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas
de izquierda, lo que hacía evidente que también
su propia vida corría alto peligro. Ello contrasta
con la actitud de Alexander Kerensky, quien escapa de San
Petersburgo y muere en Nueva York (precisamente en 1970,
año en que Frei entrega el poder a Allende) escribiendo
libros sobre cómo fue incapaz de evitar que una banda
de audaces bolcheviques se tomara Rusia por la fuerza.
Frei
tiene que haber sabido que su postura sería criticada
no sólo por sus adversarios, sino que incluso por
muchos de sus amigos, como efectivamente lo hizo su ex Ministro
del Interior, Bernardo Leighton, quien atribuiría
esta actitud a "un verdadero peso de conciencia por
el triunfo de la Unidad Popular, que vi caer sobre tu espíritu,
abrumándolo, en los días posteriores a la
elección de Salvador Allende" (Carta a Frei,
26 de junio, 1975).
Frei
retornó a la arena política contingente presentándose
en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como candidato
a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó
la presidencia del Senado, transformándose, por lo
tanto, en el adversario principal de Allende.
Su
muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin,
había presentado, el 12 de mayo de 1973, una moción
en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en
la que se acusaba al gobierno de Allende de buscar establecer
en Chile una "tiranía comunista". Posteriormente,
Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones,
y, sin duda tras obtener el asentimiento de Frei (presidente
del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite
a Orrego la aprobación final. Más aún,
es Aylwin quien le replica públicamente a Allende
tras la respuesta de este al Acuerdo.
Por
cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados
por un valiente y combativo presidente, Sergio Onofre Jarpa,
habían denunciado desde muy temprano el creciente
alejamiento de la legalidad del gobierno de la Unidad Popular.
Sin
embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó
la balanza, tanto en la ciudadanía como en los mandos
militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió,
con inusitada fuerza, en esos meses cruciales de 1973. Como
Presidente del Senado, era el líder con mayor poder
de convocatoria de la oposición y era también
el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor
prestigio internacional. Desde ya, el Times de Londres lo
había calificado como "la personalidad política
más importante de América Latina".
Existen
testimonios de que en algún momento, Frei llegó
al convencimiento de que sólo las Fuerzas Armadas
podían impedir que Chile se transformara en una segunda
Cuba.
En
la significativa "Acta Rivera", se describe una
reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la directiva
de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad
gremial que agrupaba a los industriales chilenos. En ella
estos dirigentes le plantean que "el país estaba
desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes
medidas rectificatorias fatalmente se caería en una
cruenta dictadura marxista, a la cubana".
La
respuesta de Eduardo Frei es reveladora: "Nada puedo
hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente,
este problema sólo se arregla con fusiles... les
aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto
plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas,
ojalá hoy mismo".
El
testimonio más extenso de Frei en esta materia es
su carta del 8 de noviembre de 1973 al Presidente de la
Democracia Cristiana Internacional, el político italiano
Mariano Rumor. Allí Frei reitera las acusaciones
que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara:
"Trataron de manera implacable de imponer un modelo
de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo.
Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron
abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia...
En esta tentativa de dominación llegaron a plantear
la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular
y la creación de Tribunales Populares, algunos de
los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente.
Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional,
basado en un proceso de concientización marxista.
Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo
por los partidos políticos democráticos, sino
por sindicatos y organizaciones de base de toda índole,
y en cuanto a la educación ella significó
la protesta de la Iglesia Católica y de todas las
confesiones protestantes que hicieron públicamente
su oposición. Frente a estos hechos naturalmente
la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio.
Era su deber -y lo cumplió-- denunciar esta tentativa
totalitaria que se presentó siempre con una máscara
democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos
objetivos".
Frei
también comprendió que un Chile comunista
habría apuntado, como una larga espada, al corazón
de una vulnerable América Latina. Frei le dice a
Rumor que "la caída de Allende ha sido un retroceso
para el comunismo mundial. La combinación de Cuba
con Chile, con sus 4.500 kms. de costa en el Océano
Pacífico y su influencia intelectual y política
en América Latina, fue un paso decisivo en el intento
de control del hemisferio. Eso explica esa violenta y exagerada
reacción. Chile iba a ser una base de operaciones
para todo el continente".
Esta
perspectiva es confirmada por Brian Crozier, fundador del
London's Institute for the Study of Conflict: "Durante
sus tres años en el poder, Allende transformó
su país, de hecho, en un satélite cubano,
y por lo tanto una adición incipiente al Imperio
Soviético... para entonces Chile podía ser
francamente descrito como un estado marxista en términos
ideológicos y económicos... desde una perspectiva
estratégica, se le había transformado en una
importante base para operaciones subversivas soviéticas
y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América
Latina... la KGB soviética estaba reclutando miembros
para cursos de entrenamiento en terrorismo... especialistas
de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes
del Partido Socialista de Allende". (The Rise and Fall
of the Soviet Empire, 1999).
En
una conversación con un periodista del diario español
ABC, publicada el 10 de octubre de 1973, Frei ya había
hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular
y justificado plenamente la intervención militar:
"El país no tiene más salida salvadora
que el gobierno de los militares"; "El mundo no
sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento
superior en número y calidad al del Ejército";
"Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación
legal, porque el poder ejecutivo y el judicial, el Congreso
y la Corte Suprema habían denunciado públicamente
que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución";
"La guerra civil estaba preparada por los marxistas";
"Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad:
Allende dejó la nación destruida".
Posteriormente
Frei realizó una declaración pública
en que reconoce haber hablado con el periodista Luis Calvo
del ABC, pero en la que señala que la entrevista
no reflejó exactamente sus palabras, sin aclarar
cuáles fueron esas imprecisiones. Más tarde,
en la carta citada a Leighton, Frei se refiere específicamente
a que no hizo la durísima descripción de Allende
que allí se le atribuye (y que por eso no se reproduce
aquí), pero no desmiente el resto. Leighton le acepta
esa retracción sobre Allende, pero le dice que los
demás juicios son los mismos que le escuchó
decir de manera consistente por años.
Un
tercer texto clave de Frei es el prólogo que escribe
en el libro --de elocuente título-- del cientista
político DC Genaro Arraigada, De la Vía Chilena
a la Vía Insurreccional (1974). Allí Frei
sostiene planteamientos similares a aquellos contenidos
en la carta a Rumor y como epígrafe de su prólogo,
Frei elige esta advertencia de Píndaro: "Fácil
es, incluso para el más débil, destruir una
ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura
empresa levantarla de nuevo".
No
deja de ser asombroso que en ese mismo 1973 en que se extendía
el certificado de defunción de la democracia chilena
y morían muchos de los nobles sueños de los
fundadores del PDC, también fallecía en Francia
Jacques Maritain, el filósofo-político francés
que tanto admiraba Eduardo Frei y a quien había visitado
en su lecho de enfermo en su exitosa gira a Europa de 1965.
Las Fuerzas Armadas obedecen
En
la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, 18 días
después de que los ministros militares recibieran
formalmente el Acuerdo de la Cámara de Diputados,
las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en todo el territorio
un operativo militar para cumplir el mandato parlamentario.
Así
lo entendió el historiador Richard Pipes, profesor
de la Universidad de Harvard, quien ha sostenido que, con
el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a
las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país.
Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares
chilenos, liderados por el general Augusto Pinochet, removieron
por la fuerza a Allende de su cargo" (Communism. A
Brief Story, 2001).
El
13 de septiembre de 1973, la influyente revista de opinión
británica, The Economist, publicó un editorial
titulado "El fin de Allende", cuyo contenido es
tan revelador que merece ser analizado íntegramente.
La
revista es clarísima en asignar la responsabilidad
por la ruptura ocurrida dos días antes: "La
muerte transitoria de la democracia en Chile será
lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente
al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente
atropellaron la Constitución".
El
editorial incluso va más allá y le asigna
a Allende la responsabilidad por la violencia posterior:
"La batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría
de los canales de comunicación de Chile con el mundo
exterior aún restringidos, es difícil tener
una idea más completa de la violencia que aparentemente
continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara,
o si los generales que ahora controlan el poder deciden
no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna
respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia
de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos
en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para
controlar el poder total, al punto que la oposición
perdió las esperanzas de controlarlos por medios
constitucionales".
La
explicación que hace la revista británica
de la situación en Chile podría haberla firmado
cualquiera de los diputados que aprobó el Acuerdo:
"Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente
latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende
por casi tres años. En ese período, él
se las ingenió para hundir al país en la peor
crisis social y económica de su historia moderna.
La expropiación de campos y empresas privadas provocó
una alarmante caída en la producción, y las
pérdidas de las empresas estatales, según
cifras oficiales, superaron los $1.000 millones de dólares.
La inflación alcanzó a 350% en los últimos
12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los
funcionarios públicos y trabajadores especializados
sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por
causa de la inflación; las dueñas de casa
tenían que hacer interminables colas para obtener
alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente
desesperación originó el enorme movimiento
huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis
semanas. Pero el gobierno de Allende fue más allá
de la destrucción de la economía. Violó
la letra y el espíritu de la Constitución.
La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y
a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las
instituciones democráticas del país".
The
Economist fue de los escasísimos medios extranjeros
que mencionaron entonces el crucial Acuerdo del 22 de agosto:
"El mes pasado, una resolución aprobada por
la mayoría opositora en el Congreso señalaba
que "el gobierno no es responsable sólo por
violaciones aisladas de la Constitución y la ley;
ha convertido tales violaciones en un método permanente
de conducta".
Para
la revista británica el detonante para el golpe "fueron
los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover
la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor
Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista,
y el señor Oscar Garretón del Movimiento de
Acción Popular Unitaria, ambos líderes de
la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por
la Armada como los autores intelectuales del plan de amotinamiento
de los marinos en Valparaíso... El sentimiento de
que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por
la violencia en las calles y por la forma en que el gobierno
toleró el surgimiento de grupos armados de extrema
izquierda que se estaban preparando de manera abierta para
la guerra civil".
The
Economist justifica plenamente la intervención militar
cuando sostiene que "las fuerzas armadas intervinieron
sólo cuando estuvo claramente establecido que existía
un mandato popular para la intervención militar.
Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron
todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno
que se comportaba de modo inconstitucional", y realiza
una importante precisión: "El General Pinochet
y los oficiales que lo acompañan no son peones de
nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por
hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son
absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela
norteamericana en sus recientes tratativas con Chile".
The
Economist adelanta, primero, que la tarea de reconstrucción
será difícil y que habrá excesos e
injusticias: "Cualquiera sea el gobierno que surja
del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles.
También aquellos que sufrieron bajo el gobierno de
Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas
con el bando derrotado". Segundo, anticipa la colaboración
militar con economistas civiles al adelantar: "El gobierno
militar-tecnocrático que está aparentemente
tomando forma intentará reconstruir el tejido social
que el gobierno de Allende destruyó". Y concluye
con un lamento y una verdad: "Esto significará
la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual
será deplorable, pero no debe ser olvidado quien
lo hizo inevitable".
El desenlace natural
Alexander
Solzhenytsin, el gran escritor e intelectual ruso que denunció
el horror de los campos de concentración en la Unión
Soviética, afirmó que "el comunismo sólo
se detiene cuando encuentra una muralla".
A
medida que el gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo
las libertades económicas, sociales y políticas
con el propósito de hacer su revolución marxista,
surgió, desde los más diversos ámbitos
de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que
se transformó pronto en una avalancha de protestas,
manifestaciones, huelgas y denuncias.
Al
final fue esta presión de la civilidad la que empujó
a los partidos políticos de oposición a la
aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados,
y después a las Fuerzas Armadas a obedecer el llamado
del Acuerdo y remover por la fuerza al presidente que estaba
violando "sistemáticamente" la Constitución
de la República.
La
resistencia civil generalizada que concluyó con el
Acuerdo de la Cámara de Diputados fue "la muralla"
con la que se encontró el comunismo en Chile. Este
Acuerdo, entonces, constituye la partida de defunción
del gobierno del Presidente Allende y el certificado de
bautismo del gobierno del Presidente Pinochet.
Como
afirmó uno de los hombres claves detrás del
Acuerdo y entonces Presidente de la Democracia Cristiana,
Patricio Aylwin: "El gobierno de Allende había
agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia
el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para
instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo
al borde del 'Golpe de Praga', que habría sido tremendamente
sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse
a ese riesgo inminente" (El Mercurio, 17 de septiembre
de 1973).
No
fue una afirmación aislada del futuro Presidente
de Chile. Un mes después, Aylwin ratificó
su pensamiento así: "La verdad es que la acción
de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino
a ser sino una medida preventiva que se anticipó
a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias
armadas con enorme poder militar de que disponía
el Gobierno y con la colaboración de no menos de
diez mil extranjeros que había en este país,
pretendían o habrían consumado una dictadura
comunista" (La Prensa, 19 de octubre de 1973).
Es
imposible, a la luz de todos estos antecedentes, no concluir
que la intervención militar fue el resultado de una
rebelión civil ante una tiranía. Ella fue
legítima e inevitable, pues, como ha sostenido Vaclav
Havel, un hombre que sufrió por varias décadas
la dictadura comunista en su país, "el mal debe
ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera
de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la
fuerza" (New Yorker, 6 de enero, 2003).
Resumen y conclusiones
Los hechos demuestran entonces que:
a)
El Presidente Salvador Allende fue el responsable de su
propia caída, pues cometió un suicidio político
al declararse en rebelión contra la Constitución
de la República.
b)
Estas acciones del gobierno de la Unidad Popular generaron
una masiva y valiente resistencia civil, la cual se expresó
de múltiples maneras, y fue ella la que concluyó
impulsando a las dirigencias políticas a enfrentar
frontalmente al Presidente Allende y exigir su remoción.
c)
El ex Presidente de la República, Eduardo Frei
Montalva, fue el líder determinante en el Acuerdo
de la Cámara de Diputados que acusó al Presidente
Allende de haber cometido veinte violaciones a la Constitución
y que concluyó con un llamado desesperado a la
intervención de las Fuerzas Armadas.
d)
Las Fuerzas Armadas, al remover al gobierno socialista-comunista
de la Unidad Popular, no realizaron un típico "golpe
de estado" latinoamericano, sino que obedecieron
un mandato moral
y político de la Cámara de Diputados, un
brazo del mismo Congreso que en 1970 había elegido
Presidente a Salvador Allende.
Pero
algo sorprendente sucedió en esa fría noche
del 22 de agosto de 1973 inmediatamente después de
terminada la votación del Acuerdo. Algunos diputados
de la oposición comenzaron a cantar la Canción
Nacional. Y ese gesto comenzó a ser imitado por otros
hasta que al final toda la Cámara estaba de pie entonando
el himno patrio.
En
ese amor a Chile, compartido por todos, sobrevivía
la esperanza
